Libertad ciudadana frente a la delincuencia
5 acciones para una ciudadanía segura, libre e independiente de la delincuencia
Las siguientes propuestas se enmarcan en la construcción de nuestro Bicentenario. Un Perú de ciudadanos libres e independientes, implica que esos mismos ciudadanos estén libres de los miedos e inseguridades orginados por la delincuencia, y no dependan de costosas medidas de resguardo para su vida pública. En ese sentido, además de una política social que ataque las causas sociales de la delincuencia, se requiere de una política criminal que minimice las amenazas que hoy vienen de ella. Política que se construye de acciones concretas, como las que se exponen a continuación.
1. Fomentar la organización vecinal. Un lugar vigilado es más seguro. Pero vigilado no por agentes externos, sino por los propios ciudadanos y ciudadanas. Además, la existencia de una red de contactos entre vecinos y entre estos y las autoridades policiales y municipales, permite una reacción muy rápida ante cualquier hecho delincuencial. Y si los delincuentes saben esto, se inhibirán de asumir los riesgos que una rápida y efectiva reacción traerá consigo ... buscando lugares más débiles donde cometer sus fechorías.
La organización vecinal, en suma, achica el espacio para la delincuencia, de un lado y aumenta el margen de libertad vecinal, de otro. Lo que trae consigo una mayor seguridad de hecho y una mayor percepción de seguridad, y por lo tanto, mejores condiciones para la expansión de capacidades y la consiguiente generación de riqueza, todo lo cual atacará las causas sociales de la criminalidad.
La contracara de la organización vecinal ha de ser la garantía de respuesta inmediata de las autoridades locales y policiales ante un llamado de aquélla, además del apoyo logístico necesario en las vecindades en situación de pobreza.
2. Desarmar a la población. En Perú, sólo quienes tienen permiso administrativo pueden portar armas. Pero en la práctica, éstas circulan como en el más libre de los mercados. En consecuencia, gran parte de los asaltos terminan afectando vidas humanas, quitándolas o limitándolas. Eliminando la posesión ilegal de armas, la delincuencia sería inocua, pues sin armas de fuego, en su mayor parte a lo más se afectarán dinero y bienes, que siempre podrán recuperarse. Por ello, urgen operaciones masivas de desarme de los poseedores ilegales de armas de fuego y en el camino desactivar las redes de corrupción que llevan las armas adquiridas legalmente a las manos de quienes no tienen la autorización respectiva.
3. Reforzar la inteligencia policial y fiscal. La mayor parte de los delitos de envergadura son cometidos por organizaciones criminales con relaciones entre sus dirigentes. Existe un "mundo del hampa", con sus respectivas redes sociales y mecanismos de comunicación, movilización, lavado de dinero y encubrimiento. Capturando a sus cabecillas y desestructurando esos mecanismos sus integrantes serían inocuos, más aun si tienen limitaciones para acceder a armas de fuego y si se encuentran ante vecinos organizados. Ello requiere potenciar las capacidades policiales y fiscales para detectar los movimientos, comunicaciones y operaciones financieras de las organizaciones criminales. A su vez, además de la logística respectiva, con la que en parte ya se viene contando, se requieren mecanismos de incentivo a los ciudadanos y ciudadanas para que colaboren con información, incluyendo garantías de su propia seguridad. Al fin de cuentas, la inteligencia policial y fiscal tendrá entre sus principales insumos, los proveídos por la inteligencia ciudadana.
4. Ordenar el Código Penal. La ley penal en un Estado Constitucional (es decir, en un Estado civilizado) da los elementos para castigar al infractor más grave de las normas de convivencia elementales: no matar, no privar de libertad, no violar, no robar, etc. En ese sentido además de actuar respecto del infractor en concreto (prevención especial), actúa dando mensajes generales al conjunto de la sociedad, de lo que ocurriría en caso de detectarse una lesión a sus bienes más protegidos (prevención general). Esa función ha desaparecido en Perú, pues las normas penales han sido tan manoseadas durante años que ya no sirven para saber cuáles son los verdaderos bienes intocables. Entonces en la práctica el mensaje que se da es que da lo mismo robar que matar y violar y que pasar droga en una carretera o en el aeropuerto. Y, peor aún, que si quien lo hace o permite es una autoridad (especialmente si es policial, fiscal o judicial), probablemente no pase mucho.
Ante ello urge un ordenamiento penal que ponga claras las cosas: quitarle la vida a otra persona o arruinársela de por vida (con ciertas lesiones o con violaciones a niños o niñas, por ejemplo), será siempre lo más repudiable y quien lo haga tendrá las máximas penas posibles. Y después, los demás delitos, en un orden inteligible por todos. Asegurando también mensajes claros para las autoridades que sean autoras o cómplices por consentimiento via corrupción o indolencia. La lógica de esta propuesta es sencilla, pero requerirá de grandes y pacientes esfuerzos de explicación de sus partes operativas a la ciudadanía, así como vencer la resistencia de quiénes han hecho de la sobrecriminalización, parte de lucrativos negocios (sobrecriminalizar el tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, favorece prácticas de corrupción a todo nivel sin ayudar ni un ápice a la disminución de la delicuencia asociada al mismo).
5. Insistir en la "resocialización" del delincuente. Los delincuentes no nacen, se hacen: los seres humanos recorren un camino que los lleva a delinquir y también pueden recorrer el camino inverso. Y el sistema penitenciario existe para ayudar a eso. Hoy eso ha desaparecido en Perú, donde se opera como si la cárcel fuera un botadero sin fondo de delincuentes pobres. Pero no lo es y el error de concepción viene cobrando vidas humanas a manos de reincidentes. Ante ello la solución no pasa por eliminar los beneficios penitenciarios mediante normas (camino facilista y efectista pera infructuoso), sino asegurar el cumplimiento estricto de los criterios PERSONALIZADOS para otorgarlos. Citando al presidente del Poder Judicial, sobre los beneficios penitenciarios, hoy "la ley indica que estos serán concedidos en función a la naturaleza del delito cometido, la personalidad del delincuente y su conducta en la cárcel, factores que permitan suponer que no se cometerá un nuevo delito”. De cumplir la ley se trata, entonces.
Sobre esto, el paso siguiente es convertir a las cárceles en centros de tratamiento penitenciario, que permitan inocuizar a los delincuentes primerizos y evitar que se vuelvan "segundizos", aislándolos de las organizaciones criminales que los han reclutado o que podrían hacerlo, mientras se les ofrece perspectivas de desarrollo de vida distintas a las del mundo criminal. De esta manera se corta el círculo vicioso de la generación y aumento de la alta delincuencia.
Aplicadas en conjunto, estas acciones reducirán drásticamente la delincuencia más dañina y harán de nuestro país, uno mucho más seguro y por lo tanto, de más libertad e independencia de todos sus ciudadanos y ciudadanas.
Presidencia de Constructores Perú - Ciudadanos al Bicentenario
